Notas políticas
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Examinando Notas políticas por Materia "Colombia"
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Publicación El traslado exprés de $25 billones hacia Colpensiones(Universidad EAFIT, 2026) Gutierrez Betancur, Juan Carlos; Universidad EafitLa decisión del Gobierno nacional de trasladar $25 billones (1,35% del PIB) desde las cuentas individuales de aproximadamente 119.000 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) directamente a Colpensiones, mediante un proyecto de decreto de febrero de 2026, contradice el mandato del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que ordena que dichos recursos permanezcan invertidos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta la edad de pensión y sean girados posteriormente al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC). Desde una perspectiva macroeconómica sustentada en los modelos de generaciones traslapadas (OLG), la medida destruye ahorro productivo en un contexto donde la tasa de rendimiento del capital (r = 4,6% real anual) supera sistemáticamente la tasa de crecimiento de la economía (g ≈ 3%), lo que hace al sistema de capitalización superior al de reparto en términos de eficiencia intergeneracional. El traslado genera un alivio fiscal de corto plazo para 2026-2027, pero agrava el pasivo actuarial del Estado en un monto muy superior a los $25 billones, dado que Colpensiones deberá pagar pensiones completas sin contar con el capital que se habría acumulado. Este deterioro se agudiza a la luz de las proyecciones de longevidad de Scott, Ashwin y Nielsen (2025), que anticipan un aumento sostenido de la esperanza de vida impulsado por mejoras en la mortalidad en edades avanzadas, lo que incrementa el valor presente de la deuda pensional asumida. A los costos anteriores se suma el riesgo de una caída en el precio de los títulos de deuda pública (TES) derivada de su liquidación forzosa en un plazo de 15 días hábiles, con el consecuente encarecimiento del financiamiento del Estado. El CARF estima que la Ley 2381 ya eleva la carga fiscal para la Nación en +62,3 puntos porcentuales del PIB en valor presente hasta 2100; el decreto analizado profundizaría aún más esa cifra.Publicación Más allá del cultivo: estrategias para una política arrocera efectiva y sostenible(Universidad EAFIT, 2026) Muñoz-Mora, Juan Carlos; Mideros, María Fernanda; Mejía Tejada, Daniela; Valbuena, Nicolas; González, Karen; López, Stefany; Universidad de los Andes; Bando Interamericano de Desarrollo; Universidad EAFIT; Universidad de los AndesEl sector arrocero colombiano enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Con una producción de aproximadamente 2,8 millones de toneladas en 2023 y un consumo per cápita de 56,7 kg por persona al año, el arroz es un componente central de la seguridad alimentaria nacional. No obstante, su producción está marcada por una alta estacionalidad, una notable vulnerabilidad climática derivada de la coexistencia de sistemas de riego y secano, y pérdidas postcosecha que pueden alcanzar el 20% por deficiencias en infraestructura de secado y almacenamiento. Entre 2009 y 2024 se identificaron 84 instrumentos de política pública orientados al sector, con predominio de subsidios e incentivos económicos, aunque con baja articulación interinstitucional y escasa cobertura de los eslabones de transformación, distribución y consumo. Un análisis cuasiexperimental del Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz Paddy —vigente entre 1997 y 2023— muestra que el instrumento fue efectivo en estabilizar precios y mejorar el diferencial entre ingresos y costos de producción, especialmente en cultivos bajo riego, pero sin efectos significativos sobre el área sembrada, la productividad ni los precios al consumidor final. Su eliminación en 2024 desencadenó un paro nacional arrocero en 2025, evidenciando la alta dependencia sectorial a este tipo de mecanismos y la urgencia de avanzar hacia políticas más integrales y sostenibles. Las recomendaciones apuntan a fortalecer la rotación de cultivos, los incentivos a las buenas prácticas agrícolas, el acceso al crédito, la asistencia técnica, la formalización de tierras y la articulación institucional con enfoque territorial.Publicación Promoción de la salud mental en universidades colombianas: desafíos y propuestas de política pública(Universidad EAFIT, 2026) Alianza 4U; Fundación Empresarios por la EducaciónLa salud mental en jóvenes universitarios colombianos constituye un problema crítico, dinámico y multifactorial. Los estudios más recientes reportan que entre el 43% y 48% de estudiantes presentan síntomas clínicamente relevantes de ansiedad y depresión. Las mujeres y personas de géneros diversos, así como quienes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, presentan mayores prevalencias y gravedad de sintomatología mental. El riesgo suicida alcanza, en promedio, al 13% de universitarios, siendo casi el doble en mujeres (16%) frente a hombres (8%), y aún mayor entre estudiantes de género no binario. Factores de riesgo identificados en la literatura y el estudio propio incluyen: agresión entre pares, consumo de sustancias psicoactivas, uso excesivo de pantallas y redes sociales, presión académica y aislamiento social. Entre los factores protectores más relevantes destacan la actividad física regular, apoyo social fuerte y calidad del sueño, que se asocian con menor prevalencia de trastornos mentales y menor riesgo suicida. El Estudio Nacional de Salud Mental en Universitarios de la Alianza 4U (2025) identificó un hallazgo con implicaciones directas para la política institucional: la depresión opera como el mecanismo central que conecta factores de riesgo modificables (privación de sueño, consumo de sustancias, agresión entre pares) con la ideación suicida. La reducción del riesgo suicida pasa, en primer lugar, por la detección y el tratamiento de la depresión. Las políticas públicas recientes, como la estrategia "Bienestar en tu mente" y la Política Nacional de Salud Mental 2024–2033, refuerzan la necesidad de acciones integrales en instituciones de educación superior, priorizando el enfoque preventivo, diferencial y territorial. La prevención, el acompañamiento psicosocial y el fortalecimiento de redes de apoyo siguen siendo ejes prioritarios.