Publicación: El traslado exprés de $25 billones hacia Colpensiones
Fecha
2026
Autores
Gutierrez Betancur, Juan Carlos
dc.contributor.advisor
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
La decisión del Gobierno nacional de trasladar $25 billones (1,35% del PIB) desde las cuentas individuales de aproximadamente 119.000 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) directamente a Colpensiones, mediante un proyecto de decreto de febrero de 2026, contradice el mandato del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que ordena que dichos recursos permanezcan invertidos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta la edad de pensión y sean girados posteriormente al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC). Desde una perspectiva macroeconómica sustentada en los modelos de generaciones traslapadas (OLG), la medida destruye ahorro productivo en un contexto donde la tasa de rendimiento del capital (r = 4,6% real anual) supera sistemáticamente la tasa de crecimiento de la economía (g ≈ 3%), lo que hace al sistema de capitalización superior al de reparto en términos de eficiencia intergeneracional. El traslado genera un alivio fiscal de corto plazo para 2026-2027, pero agrava el pasivo actuarial del Estado en un monto muy superior a los $25 billones, dado que Colpensiones deberá pagar pensiones completas sin contar con el capital que se habría acumulado. Este deterioro se agudiza a la luz de las proyecciones de longevidad de Scott, Ashwin y Nielsen (2025), que anticipan un aumento sostenido de la esperanza de vida impulsado por mejoras en la mortalidad en edades avanzadas, lo que incrementa el valor presente de la deuda pensional asumida. A los costos anteriores se suma el riesgo de una caída en el precio de los títulos de deuda pública (TES) derivada de su liquidación forzosa en un plazo de 15 días hábiles, con el consecuente encarecimiento del financiamiento del Estado. El CARF estima que la Ley 2381 ya eleva la carga fiscal para la Nación en +62,3 puntos porcentuales del PIB en valor presente hasta 2100; el decreto analizado profundizaría aún más esa cifra.