La Junta Administradora Local como instrumento de recuperación de las capacidades de estado en la Comuna 1 – Popular de Medellín entre 2016 y 2023
Fecha
2022
Autores
Macías Betancur, Farley Jhaír
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
A superficial glance at the social and political dynamics of Comuna 1 – Popular of Medellín reveals that, while it is one of the most affected by public order issues and registers some of the highest rates of violence and insecurity, it is also one of the areas with the highest levels of citizen participation in electoral processes, particularly in those for local collegiate authorities (Medellín City Council and Local Administrative Board) and participatory budgeting prioritization.
Since the initial settlement in the area in the mid-1960s, there has been a constant struggle between the legitimate and legal state institutions and illegal criminal organizations, which have garnered a certain degree of legitimacy from the community.
In the spirit of the 1991 constitutional framers, as reflected in Article 318 of the Political Constitution, Local Administrative Boards, which have been legislatively addressed from Law 136 of 1994 to Law 2086 of 2021, are tasked, among other things, with acting as mediating agents between the State and those organizations that challenge its capacities: coercion, taxation, and the legal handling of conflicts (Tilly, 1992).
Taking this task as a priority, the Local Administrative Board of Comuna 1 – Popular of Medellín, during the periods between 2016 and 2023, has played a leading role as an instrument for restoring the State’s capacities in the area. It has significantly managed to ensure that illegal groups, despite acting in collusion and coexistence with state institutions, no longer remain actors who exercise violence, extort, and mediate conflicts between citizens.
Descripción
De una mirada, inclusive superficial, a las dinámicas sociales y políticas de la Comuna 1 – Popular de Medellín se obtiene que, al tiempo de ser una de las más afectadas por situaciones de orden público y de las que mayores índices de violencia e inseguridad registran, es, también, una de las de más altas cotas de participación ciudadana en los procesos electorales, sobre todo en los de autoridades locales colegiadas (Concejo de Medellín y Junta Administradora Local) y de priorización de presupuesto participativo.
Desde los inicios mismos del asentamiento poblacional en el territorio, a mediados de la década de los sesenta, se ha mantenido una lucha constante entre la institucionalidad estatal, legítima y legal, y las organizaciones delictivas, ilegales, pero con cierta suerte de legitimidad por parte de la comunidad.
En el espíritu del constituyente de 1991, plasmado en la letra del Artículo 318 de la Constitución Política, las Juntas Administradoras Locales, a las que se les ha dado tratamiento legislativo desde la ley 136 de 1994 hasta la ley 2086 de 2021, tienen, entre otras, la tarea de ser agentes de mediación entre el Estado mismo y aquellas organizaciones que le disputan sus capacidades: la coerción, la tributación y el trámite jurídico de los conflictos (Tilly, 1992).
Asumiendo dicha tarea como prioridad la JAL de la Comuna 1 – Popular de Medellín, en los periodos comprendidos entre 2016 y 2023, ha jugado un lugar protagónico en cuanto instrumento de recuperación de las capacidades de Estado en el territorio, logrando que, de manera significativa, los grupos ilegales, no obstante actuar en connivencia y convivencia con la misma institucionalidad estatal, dejen de ser actores que ejercen la violencia, extorsionan y median en la resolución de los conflictos entre los ciudadanos.