La Constitución Política de 1991, en su artículo 25, estableció el trabajo como un derecho y obligación social que goza de especial protección por parte del Estado. Sin embargo, a la luz del principio de igualdad, el Legislador ha brindado especial protección a aquellas personas que tienen como actividad laboral un oficio que por su naturaleza repercute de manera negativa en su salud y expectativa de vida. Dichas actividades han sido denominadas como de alto riesgo.51 p.