Tras una recopilación de las normas que constituyen los ejes de la legislación ambiental, tales como el Decreto 2811 de 1974, la Constitución Política colombiana de 1991 y la Ley 99 de 1993, entre otras, se logran identificar tres paradigmas epistemológicos en los cuales se pueden clasificar cada una de estas normas: uno basado en criterios teleológicos de carácter sanitario y sesgo ingenieril, preponderante en la primera mitad del siglo XX; el segundo, acá llamado conservacionismo utilitario, evidenciado a partir de la segunda mitad del siglo XX, y el tercero, que concibe la naturaleza de manera sistémica, en busca de poder abarcar la complejidad del ciclo hidrológico, el cual se desarrolla en las primeras décadas de siglo XXI. En la actualidad, los paradigmas predominantes en las normas jurídicas vigentes que regulan las microcuencas hídricas son los dos últimos. Con todo y lo positivo que esto representa para la protección de los diferentes recursos, la realidad de las microcuencas de Valle de Aburrá es que ya están tan intervenidas que no se considera posible llevarlas a un escenario de restauración teniendo en cuenta el contexto urbano en el que están inmersos estas cuencas hídricas. De la misma forma, al existir una multiplicidad de normas vigentes que responden a paradigmas opuestos, se evidencia un desorden normativo que resta eficacia en su aplicación y limita una adecuada gestión del recurso hídrico. Lo cual se evidencia en el estado actual de degradación de las cuencas y microcuencas del Valle de Aburrá.