Las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 introdujeron una serie de instrumentos normativos que permiten a los municipios en ejercicio de su autonomía territorial, la ordenación de su territorio a partir de una correcta planificación y gestión del suelo, con la adopción de mecanismos que contienen las políticas, los objetivos y las estrategias que en el largo plazo permitirán la concreción del modelo de ocupación propuesto -- La renovación urbana constituye una de las principales apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido en las diferentes ciudades colombianas, con la cual se pretende la recuperación o la transformación de las áreas que presentan condiciones de subutilización o de deterioro, para aprovechar al máximo el potencial del sector que se interviene -- Por definición, gestionar la renovación urbana es bastante complejo y oneroso, debido a que se interviene lo que está construido y consolidado, lo que genera cambios en las estructuras físicas y sociales instaladas en el territorio -- De ahí que la correcta aplicación de los instrumentos de intervención y financiación del suelo consagrados en la Ley e incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial resulte determinante para su implementación, pues con ellos se logra adquirir o vincular los predios requeridos para las actuaciones urbanísticas y movilizar recursos de agentes privados con los cuales se soportan los costos de la urbanización -- La renovación, además, requiere de la institucionalización de un agente responsable de liderar la transformación del territorio y de promover las acciones necesarias para ello -- Este agente denominado operador urbano deberá articular la gestión pública y privada y la concreción del modelo de ocupación a partir del cumplimiento del reparto equitativo de cargas y de beneficios -- Este trabajo parte de una premisa que acepta que la planeación del territorio urbano se desarrolla en un marco normativo compuesto por disposiciones de carácter nacional, departamental, metropolitano y municipal, y del que hacen parte diferentes instrumentos jurídicos mediante los cuales se ejecuta la gestión urbana; de forma especial, aquella que se adelanta en territorios ya consolidados que requieren una verdadera transformación en su modelo de ocupación para modificar las condiciones de uso en cuanto a la subutilización de las estructuras físicas establecidas y aprovechar al máximo su potencial de desarrollo