A partir de un análisis dogmático del delito de explotación ilícita de yacimiento minero (Art. 338 del Código penal colombiano), se pretende evidenciar y criticar el uso del Derecho penal como mecanismo de lucha por una determinada visión de desarrollo, que amplía las desigualdades sociales al eliminar a los pequeños mineros del campo de explotación, so pretexto de proteger el medio ambiente como bien jurídico tutelado por el legislador