La despenalización del consumo de estupefacientes y los problemas derivados de la correlativa prohibición de su venta, distribución, transporte y almacenamiento : análisis a partir de la jurisprudencia

Resumen

Colombian jurisprudence, emanating from the Constitutional Court and the criminal chamber of the Supreme Court of Justice, has ruled on the consumption of illicit substances, referred to in article 376 of the Penal Code, reaching the conclusion that the legal right, protected by the prohibition contained therein, does not authorize the State to intervene in the internal orbit of its citizens and, in this sense, the position that the conduct related to consumption does not have the potential to affect goods has been kept clear. tutored legal. Based on this premise, the arguments based on which both Constitutional courts and the Supreme Court have reached such a conclusion are identified and analyzed. On the other hand, said decriminalization of the consumption of narcotic substances has not had as a correlation the establishment of a legal provision that makes the assumption referring to the coexistence of the decriminalization of consumption compatible, on the one hand, with the prohibition of trade of this type of substances, on the other, and, therefore, the way in which jurisprudence has highlighted the existence of both situations, but, in any case, without proposing alternatives that allow them to be made compatible will also be presented. Finally, an overview of the international drug control situation is presented as a point of reference to analyze the possibility of adopting a flexible drug policy that responds effectively and makes the existing problem compatible.

Descripción

La jurisprudencia colombiana, emanada de la Corte Constitucional y de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado sobre el consumo de sustancias ilícitas, a las que se refiere el artículo 376 del Código Penal, llegando a la conclusión de que el bien jurídico, protegido con la prohibición allí contenida, no autoriza al Estado para intervenir en la órbita interna de sus ciudadanos y, en ese sentido, se ha mantenido clara la postura de que la conducta referida al consumo no tiene la potencialidad de afectar los bienes jurídicos tutelados. A partir de esta premisa se identifican y analizan los argumentos a partir de los cuales ambas cortes - Constitucional y Corte Suprema- han llegado a tal conclusión. Por otra parte, dicha despenalización del consumo de sustancias psicotrópicas o drogas sintéticas, no ha tenido como correlato la consagración de una previsión legal que haga compatible el supuesto referido a la coexistencia de la despenalización del consumo, por un lado, con la prohibición del comercio de este tipo de sustancias, por otro, y, por ello, se expondrá también la forma en la que la jurisprudencia ha puesto en evidencia la existencia de ambas situaciones, pero, en todo caso, sin plantear alternativas que permitan compatibilizarlas. Finalmente se presenta una panorámica sobre la situación internacional en materia de control de drogas como punto de referencia para analizar la posibilidad de acoger una política de drogas flexible que responda de forma efectiva y compatibilice el problema existente.

Palabras clave

Salud pública, Dosis personal, Consumo de drogas, Sustancias estupefacientes, Bien jurídico

Citación