La necesidad y conveniencia de garantizar la calidad en los programas de formación universitaria son asuntos que nadie pone en tela de juicio. En su lugar, se ha discutido ampliamente acerca de cuál es el mejor instrumento para asegurar la existencia de esa calidad. Las posiciones han variado desde un fuerte intervencionismo, caracterizado por la revisión y aprobación in vitro de los programas que las instituciones aspiran ofrecer, hasta el reconocimiento de una amplia y fuerte autonomía para la apertura y gestión de pregrados y posgrados. En este último extremo, la aceptación social -expresada a través de la demanda del programa y de sus egresados por el mercado- sustituye totalmente la vigilancia del Estado.