La protección de la diversidad étnica fue consagrada en la Constitución Política colombiana de 1991 como un fin en sí mismo, al reconocerse el carácter plural de la nación2. Esta consagración se acompañó, además, de la ratificación por parte de Colombia del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece como mecanismo de garantía de la diversidad étnica, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CP). Sin embargo, estos reconocimientos parecieron convertirse en meras victorias de papel: declaraciones de buenas intenciones en materia de derechos de pueblos indígenas, más no mecanismos efectivos de protección de los mismos.95 p.