Análisis jurisprudencial de la acumulación de indemnizaciones de la Responsabilidad Civil y del Estado con prestaciones del Sistema de Riesgos Laborales
Fecha
2014
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Hay eventos en los cuales de la materialización de una contingencia de origen laboral surgen dos consecuencias: de un lado, se genera la obligación para la aseguradora de riesgos laborales (ARL) de pagar a la víctima unas determinadas prestaciones; del otro, se configura la responsabilidad civil o del Estado, que lleva al nacimiento de la obligación indemnizatoria a cargo del responsable -- La problemática se genera porque los mismos daños podrían entenderse resarcidos por medio de las prestaciones que otorgan las ARL, o por medio de la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable, motivo por el cual es discutible que la víctima pueda acumular los pagos, debido a que en tal caso obtendría una reparación superior al daño realmente sufrido, lo que vulnera el principio de reparación integral -- Del otro lado, no permitir la acumulación podría llevar a que el responsable, habiendo cometido el daño, resultara beneficiado porque en virtud de las prestaciones pagadas por la ARL vería disminuido el monto a indemnizar, lo que materializaría un enriquecimiento sin causa -- La problemática se plantea tanto en el marco de la culpa patronal –artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo–, como en el caso en que el responsable es un tercero ajeno al vínculo laboral -- La solución que se ha dado al problema por parte de la jurisprudencia dista de ser armónica del ordenamiento jurídico como sistema, ya que las altas Cortes tienden a permitir la acumulación, sin realizar un análisis exhaustivo de las injusticias que podrían presentarse a partir de la posición que asumen -- Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional y extranjera han planteado algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para dar solución al conflicto, criterios que serán analizados a lo largo de este trabajo para plantear una salida al problema que sea armónica con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo rigen